Plantea un rediseño profundo del sistema, restablece pagos extra, modifica la jornada nocturna y restringe la informalidad
El Senado aprobó a última hora del martes la reforma laboral del gobierno de Gustavo Petro, según anunció en su cuenta de la red social X. «Fue aprobado en último debate el proyecto de ley de la Reforma Laboral», anunció.
El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, celebró la decisión del Senado, que aprobó la reforma con 56 votos a favor y 31 en contra. «Colombianas y colombianos: la Reforma Laboral del Gobierno del Cambio fue aprobada en último debate en el Senado», escribió.
«Logramos que los artículos bandera salieran adelante. Fue una lucha dura, pero hoy damos un paso histórico hacia el trabajo digno y decente. Ahora vamos a conciliación», señaló el funcionario en X.
La reforma plantea un rediseño profundo del sistema laboral, con medidas como el restablecimiento del recargo del 100 por ciento por trabajo dominical y festivo y la modificación de la jornada nocturna, que volverá a comenzar a las 19:00.
Además, limita el uso de contratos temporales y obliga a convertirlos en indefinidos tras cinco años, con el objetivo de frenar la precarización laboral. «Se trata de recuperar conquistas históricas que durante años fueron desmontadas», agregó el ministro.
Entre los cambios más relevantes, el articulado contempla restricciones al uso de la tercerización laboral en actividades permanentes y refuerza la estabilidad para mujeres embarazadas, víctimas de violencia de género y personas con discapacidad, prohibiendo su despido sin autorización judicial.
La formalización del trabajo rural y la garantía de contratos escritos en el sector agropecuario también forman parte de las medidas adoptadas por el Congreso. La reforma incluye, además, el fortalecimiento de la inspección laboral mediante un aumento del número de inspectores y mayores facultades para sancionar a los empleadores que incumplan la ley.
De igual forma, los trabajadores de plataformas digitales, como repartidores, pasarán a ser considerados empleados dependientes, con derecho a seguridad social y prestaciones.
El Gobierno de Petro ha defendido la iniciativa como un instrumento para combatir la informalidad, que supera el 50 por ciento en Colombia, y promover la cohesión social.
Sin embargo, sectores empresariales y partidos de oposición advierten que el aumento de costos podría desincentivar la contratación formal y frenar la generación de empleo.
